La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya ordenó el martes a Nicaragua y Costa Rica abstenerse de enviar fuerzas de seguridad a una zona fronteriza en disputa, a la espera del fallo final sobre una demanda costarricense por un diferendo que tensó los lazos bilaterales.
"Las dos partes se abstendrán de enviar o mantener en el territorio en disputa agentes, ya sean civiles, de policía o de seguridad", resolvió la corte, al pronunciarse sobre las medidas cautelares que San José reclamó contra Managua tras acusarle de haber invadido militarmente un minúsculo territorio cuya soberanía reivindican ambos.
En concreto, los costarricenses habían reclamado a la máxima instancia judicial de la ONU que ordenara a su vecino no estacionar tropas en la pequeña isla de Portillos, situada en el río fronterizo San Juan, cerca de la desembocadura del Caribe.
La CIJ conminó además a ambos países a evitar "toda acción que pueda agravar o extender el diferendo". Ambos deberán "vigilar la zona en disputa" a partir de sus territorios soberanos y mediante "la cooperación de sus fuerzas de policía y seguridad", para "luchar sobre todo contra la criminalidad", afirmó.
La corte desestimó sin embargo las otras demandas de Costa Rica para obligar a Nicaragua a suspender las obras de construcción de un supuesto caño, que sostenía que eran dañinas para el medio ambiente en su territorio, y para abandonar el dragado del río San Juan, de soberanía nicaragüense.
El tribunal no vio un riesgo "inminente" de que esa actividad altere el cauce del afluente costarricense Colorado ni que cause daños ambientales, como sostiene San José.
Sobre el envío de personal a isla Portillos, aceptó la presencia excepcional de civiles costarricenses encargados de la protección del medio ambiente "en la estricta medida en que sea necesario para evitar todo perjuicio irreparable" en esa zona de humedales considerada de "importancia internacional", y siempre y cuando se informe "previamente" a Nicaragua.
Ambas partes reaccionaron afirmando que la resolución les favorece.
El vicepresidente nicaragüense, Jaime Morales, celebró el dictamen como "favorable" a su país. "Estamos celebrando el fallo favorable para Nicaragua", declaró.
El embajador nicaragüense en La Haya, Carlos Argüello, se dijo satisfecho, afirmando a la prensa que la corte no "prohibió nada de lo que Nicaragua está interesada en hacer en aquella zona", es decir, "el dragado del San Juan".
Por su parte, la presidenta costarricense, Laura Chinchilla, saludó la "histórica resolución" de la CIJ. "Nuestra patria ha obtenido una contundente y justificada victoria", afirmó.
El canciller costarricense, René Castro, habló en La Haya de "un paso muy importante, porque la Corte ha ordenado a Nicaragua que pare con su comportamiento abusivo".
Además, el ministro de Seguridad de Costa Rica, José María Tijerino, anunció que enviará zapadores a la zona fronteriza en disputa por temor a que militares nicaragüenses hayan "sembrado minas".
La decisión de la CIJ, inapelable, es una medida cautelar a la espera de que el tribunal se pronuncie sobre la demanda de fondo, en un proceso que puede prolongarse como mínimo uno o dos años y en el que los magistrados podrían determinar la soberanía de la zona de la isla Portillos.
Antes de la resolución, ambas partes se comprometieron a acatarla y confiaron en que permita normalizar sus relaciones.
Tras el fallo, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, llamó a ambos países a reanudar "el diálogo" sobre su disputa.
Hasta ahora la disputa estuvo marcada por el cruce de acusaciones constante y provocó un refuerzo de la vigilancia de la frontera.
Costa Rica demandó a su vecino en noviembre, semanas después de una supuesta invasión de soldados nicaragüenses a la isla.
Nicaragua rechazó todas las acusaciones y aseguró que sus tropas en ningún caso se instalaron en la zona -que además afirma le pertenece- y que su presencia puntual se debe al paso creciente de narcotraficantes.
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